El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 5 de noviembre de 2026 un acuerdo que habilita un buzón de denuncias y solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar las adquisiciones del instituto entre 2016 y 2026. La medida busca reforzar los controles internos de compras y arrendamientos de cara al proceso electoral federal 2026-2027.
El acuerdo, que el instituto planteó para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa, se votó en una sesión que llegó al punto 13 del orden del día más de seis horas después de iniciar, según Proceso. La discusión ocurrió después de que Guadalupe Taddei Zavala dejó la presidencia del organismo. El INE organiza las elecciones federales del país: la manera en que contrata materiales, capacitadores y servicios logísticos incide en la operación de cada casilla y en los tiempos de la organización electoral. La revisión pedida abarca las oficinas centrales, delegacionales y subdelegacionales del instituto.
El periodo de revisión solicitado a la ASF va del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026, según el proyecto descrito por Expansión Política. La fiscalización contempla revisar expedientes de contratación, convocatorias y fallos; detectar concentración de adjudicaciones en pocos proveedores, conflictos de interés y vínculos entre empresas contratistas; comprobar la entrega real de bienes y servicios, y revisar comprobantes fiscales, conciliaciones bancarias y posibles pagos duplicados. El acuerdo también pide a la Unidad de Inteligencia Financiera reportar posibles irregularidades vinculadas a proveedores y verificar ante el SAT el cumplimiento fiscal de los contratistas. Excélsior reportó que el paquete incluye la revisión del padrón de proveedores, el resguardo inmediato de expedientes físicos y digitales de los últimos diez años y un inventario pormenorizado de adquisiciones. Proceso consignó que el buzón de denuncias anónimas lo propuso la consejera Carla Humphrey.
La ASF definirá el alcance, la muestra y los métodos de fiscalización de los contratos. El INE, mientras tanto, deberá integrar su plan de compras y el resguardo documental de diez años para el proceso electoral federal 2026-2027, una tarea que se medirá con el calendario de licitaciones del próximo año.
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